Opinión

Queremos saber la verdad sobre Granadilla.

    Hay dos maneras de discutir: una es gritarse, insultarse de un bando al otro, lanzar afirmaciones sin demostrarlas. La otra, la sensata, la civilizada, es, simplemente, aportar toda la información de que se disponga, para que la verdad prevalezca y dé la razón al que la tenga. Parece mentira que se discutan interminablemente temas sobre los que no caben apreciaciones discrecionales, sino solamente datos objetivos, demostrables.

   Esta increíble realidad nos atormenta hoy en Tenerife. Estamos enzarzados en una pelea dialéctica sobre el modelo de desarrollo que queremos y que conviene a nuestra isla. Una pelea establecida, básicamente, sobre tres ejes: Granadilla, Anillo Insular y segunda pista del aeropuerto sur.

   La cuestión es bien sencilla. Todo el mundo dice que quiere que la isla y sus habitantes progresen y tengan las mejores oportunidades de bienestar y felicidad. Pero todos coinciden también en que este progreso no puede hipotecar a las generaciones futuras. Progreso sí, pero preservando el medio ambiente. Es decir, desarrollo sostenible.

   Por eso no se entiende que la discusión se prolongue meses y meses y que un bando diga del otro que son unos especuladores egoístas e insensibles, mientras los oponentes tildan a los primeros de locos visionarios, enemigos del progreso tinerfeño y hasta de cómplices de la voracidad de la otra isla. Unos reclaman al gobierno que construya de una vez un gran puerto en Granadilla. Los otros amenazan con la resistencia civil si esto se produce. De esta manera, enarbolando espantajos, amenazas e improperios gratuitos, sin pruebas de lo que se dice, no se llega a ninguna parte. Un gran puerto en Granadilla es necesario o no lo es. Agrede al medio ambiente o no lo agrede. Es comercializable o no. Estas cuestiones y sus detalles deben ser demostradas con datos, no con palabras.

   Y los tinerfeños, la mayoría silenciosa, asistimos a esta contienda sobre un asunto que nos afecta directamente, sin poder saber a que carta quedarnos. Porque, vamos a ver:

   ¿Es cierto que el puerto de Granadilla va a crear 20.000 puestos de trabajo? ¿Quién ocuparía estos empleos? ¿Dónde va a vivir esta gente? ¿Dónde y por quién se instalaría el tejido de servicios que exige un puerto de estas características? ¿Cómo afectaría un puerto industrial al turismo del sur, que mantiene hoy a toda Tenerife?

   ¿El tráfico de transbordo depende de Granadilla? ¿Es cierto que los grandes barcos que se supone justifican un gran puerto no navegan en las rutas que tocan Canarias? ¿Es verdad que el régimen de vientos de la zona de Granadilla entorpecería y encarecería las operaciones portuarias? Si el puerto de Santa Cruz se basta para el tráfico actual y el que se espera, ¿Por qué ha tenido que hacerse una presión social tremenda para que se potencie? ¿Por qué no se ha iniciado ya? ¿Existe o no existe financiación europea para esta obra de Granadilla?

   Se ha llegado a decir que el gobierno no acomete la construcción del gran puerto en Granadilla, por temor a perder votos. Esto no se puede aceptar. El pueblo tinerfeño exige que el gobierno tome las medidas pensando en el interés general, no en el caudal de votos que pueda perder o ganar en la operación.

   Las autoridades competentes, el gobierno canario, el cabildo, la autoridad portuaria, tienen que dar respuesta inmediata a estas cuestiones, de una manera clara y con las pruebas correspondientes. Los tinerfeños no podemos seguir escuchando argumentos en los medios de comunicación, sin demostración alguna de lo que se dice.

   Y la primera medida sería que la consejería de medio ambiente comparezca ante la opinión pública, refutando de una manera indiscutible las graves acusaciones de las organizaciones ecologistas y los propios sindicatos de funcionarios que dicen que la consejería oculta estudios de mercado e informes técnicos contrarios al puerto de Granadilla. Los tinerfeños necesitan confiar en sus gobernantes y no pueden seguir en la duda. Las acusaciones tienen que ser desmentidas inmediatamente. Pero no con unas meras declaraciones. Aunque la carga de la prueba corresponde al que acusa, los cargos públicos a quienes se señala como ocultadores de información importante, tienen que limpiar su imagen. Como el pueblo tinerfeño cree que los acusados pueden hacerlo, no entiende que no lo hagan.

Juan Martín Vegas